El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha acreditado este lunes que durante 18 años, entre 1990 y 2008, el periodo investigado en el caso de los "papeles de Bárcenas" hubo una contabilidad opaca o caja B en el seno del Partido Popular y que considera a este partido responsable civil subsidiario de un posible delito de fraude fiscal.
La responsabilidad civil equivale en términos jurídicos a una multa del demandado por su implicación en los indicios penales confirmados. Sin embargo, del periodo analizado entre 1990 y 2008, solo este último año no está prescrito judicialmente.
De esa forma, Ruz con su auto pone en entredicho las declaraciones de la secretaria general del PP nacional y presidenta regional, María Dolores Cospedal, que en una rueda de prensa celebrada el pasado mes de enero dijo que si hubiera una contabilidad B no sería del PP "si no de la persona que lo llevaba" en referencia al extesorero nacional de esta formación, Luis Bárcenas.
En un auto de 190 páginas el juez Ruz detalla que ha quedado indiciariamente acreditado que el PP entre 1990 y 2008 utilizó fuentes de financiación ajenas a la contabilidad oficial y al control del Tribunal de Cuentas " funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas b".
Así, Ruz propone juzgar a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y al exgerente del partido Cristóbal Páez, y considera asimismo al partido responsable responsable de un delito fiscal por no haber tributado los donativos anónimos de 2008, aunque la Agencia Tributaria y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro han intentado justificar de que su tributación no era necesaria equiparando fiscalmente al Partido Popular con una ONG, como Cáritas o Cruz Roja.
También ha inculpado a los responsables de Unifica, el estudio de arquitectura al que el PP contrató para reformar su sede central de Madrid, y que pagó con 1,7 millones de euros de dinero negro.
